El abogado Emilio Fouces, señaló: “El señor Varisco tenía facultades para tomar la decisión que tomó, ya que no estaba poniendo en juego los intereses económicos y financieros de la municipalidad. Estaba cumpliendo la función”.Asimismo, indicó que su defendido, Picazzo, basó su pedido de adelanto a cuenta en otras operaciones similares realizadas en otras gestiones. “Hay profusos antecedentes en idéntico sentido de las mismas operaciones que se realizaron en distintas gestiones de distinto color político, que fueron absolutamente legales como la misma”, dijo y agregó que se está ante un hecho lícito, transparente y que atravesó los controles administrativos.

A su tiempo, Miguel Ángel Cullen, sostuvo que en el proceso se violó el derecho de defensa, puesto que la Fiscalía anunció que podría cambiar la calificación penal. “Ahora parece que debemos defendernos de un peculado que implica sustracción de fondos públicos que, se sabe, en este caso nunca salieron del erario público”, advirtió el letrado.

Más espinoso fue el alegato del abogado Pagliotto, quien cuestionó a la Fiscalía: “Lamentablemente este Ministerio Público Fiscal en esta provincia ha caído en la delitomanía, de la que habló Calos Nino en la década del 80’. Ven delitos por todas partes. Y todo no es delito”, dijo.

En ese marco, aseguró que el delito de peculado, que se le podría imputar a los acusados, le cabe al Procurador General Jorge Amilcar García, quien perdió un juicio y pagó los honorarios del abogado denunciante –Pagliotto, que era presidente del Colegio de Abogados de Paraná- con recursos del organismo que preside. “No vi a ningún fiscal decir algo”, resaltó y recordó que ese punto estuvo entre las causales de remoción que formuló en su denuncia el abogado de Domingo Daniel Rossi, Carlos Reggiardo.

Por otra parte, en defensa de Rolandelli, Pagliotto dijo que es “el único caso en el mundo civilizado que se condena la opinión”, ya que el abogado y hoy concejal sólo emitió un dictamen no vinculante que daba el visto bueno al adelanto financiero.

Al respecto, advirtió que el dictamen de Rolandelli es del 28 de enero de 2016 y que el decreto del intendente es del 22 de enero, por lo cual remarcó que su resolución no es determinante como sostiene la Fiscalía.

Por otra parte, el abogado aseguro que la Fiscalía demuestra un desconocimiento de las normas y procedimientos administrativos. Reseñó que el trámite de adelanto financiero existe desde la época de Halle y que en el presupuesto municipal existe una subcuenta denominada “adelanto a mutuales”.

Los contadores

El primero en declarar fue el contador general Eduardo Campdesuñé –que fue designado en el cargo en octubre de 2015, por la gestión de Osuna-, quien se ocupaba del control de legalidad y de emitir la orden de pago del adelanto. En su testimonio, explicó cómo fue su intervención.

El contador explicó que ante el pedido del adelanto formulado en enero de 2016 por la Mutual Modelo, desde su área manifestaron que se debía garantizar el recobro del adelanto de algún modo. Dijo que recomendó que, en caso de otorgase, se le solicitara un seguro de caución por el millón y medio de pesos que pretendía la mutual, para asegurar el recupero de los fondos.

No obstante, planteó que dos aseguradoras consideraron “inviable” emitir una póliza de esas características porque se consideraba una operación financiera y ese tipo de reaseguro está prohibido por ley.

A raíz de ello, dijo que solicitaron la opinión de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Rolandelli, que dictaminó que era factible “garantizar el recobro de esos fondos que se iban a adelantar a la mutual”.

En su declaración, el contador también refirió que el trámite se inició por una nota del titular de la entidad, firmada por al concejal de Cambiemos, Marta Zuiani, que s pareja de otro socio de la entidad, Adrián Bruffal. Al respecto, estimó que su firma aparece para sortear el pago del sellado de la gestión, ya que una ordenanza lo prevé.

Si bien en un momento el contador aseguró que en aquel momento “no teníamos conocimiento de una operatoria de similar naturaleza”, ante una repregunta de la fiscal Yedro aseguró que luego encontraron que el convenio firmado entre el municipio y la mutual para devolver el dinero era “muy similar a los que se hacían en la gestión de Halle”.

Ante otra pregunta de la fiscal sobre los antecedentes, el contador sostuvo que no los vio a todos pero que tuvo conocimiento de algunos. En ese marco, explicó que durante la gestión Halle existía una oficina llamado Centro Único de Autorización de Descuentos (CUAD), que centralizaba todos los descuentos que se realizaban a empleados municipales.

Asimismo, puntualizó que el adelanto financiero a la mutual se afectó a una cuenta especial llamada ‘adelanto para mutuales’- “En aquel momento, como la operatoria era extraña para mí, consulté a la Dirección de Presupuesto y me confirmaron que estaba previsto en la partida de presupuesto. Hay una subcuenta de adelanto a mutuales”, confirmó y agregó que la misma no era de uso frecuente pero que se registrar 9 o 12 antecedentes de expedientes que “se tramitaron en la gestión Halle y la mayoría a la Mutual Modelo” y que no hay antecedentes en la gestión Osuna.

A su tiempo, la Secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto, dio un particular testimonio en el que no faltaron comentarios intrascendentes para el proceso. Al abordar el tema en discusión, contó que cuando llegó la nota de la mutual pidiendo el adelanto, hubo muchas preguntas en el área de su incumbencia. “En una reunión de equipo el intendente me dice que entró una nota pidiendo un anticipo y me pregunta ¿Esto se puede hacer? Yo le pregunté a una funcionaria de Tesorería y me confirmaron que se hizo en varias oportunidades”, relató.

A su vez, la testigo remarcó en todo momento que el tema de discusión no fue en torno a la ilegalidad o no de la operatoria sino sobre “cómo asegurar el recupero de los fondos”. “Nosotros estábamos convencidos que se podía dar el adelanto porque había antecedentes” sostuvo.

Sobre el final de testimonial, respondió algunas inquietudes de Fiscalía. La principal fue que el segundo expediente que se tramitó se hizo con “inusitada celeridad”, al decir de la fiscal Goyeneche. El segundo expediente –una vez que se anuló el primero- se inició el 4 de febrero de 2016 y en cuestión de horas superó varias áreas de control.

La fiscal Yedro hizo notar a la testigo que tanto la nota como el convenio firmado entre las partes tenía la misma fecha.

—¿Es normal que este tipo de trámite tenga esta celeridad?

—No. A lo mejor estaba todo revisado —respondió al contadora.

Al finalizar, Ruberto dejó en claro que no recibió presiones de ningún tipo para acelerar el trámite y contó a modo de anécdota que la concejal Zuiani y su pareja Bruffal, socio de la mutual, la habían invitado a “nadar a la pileta” y que también el empresario había llevado “facturitas” a las empleadas de su área. El comentario generó algunas sonrisas en la sala.

El juicio continuará este martes con la declaración de cuatro nuevos testigos.

Antes del cierre, hubo un cruce entre el abogado Pagliotto y el presidente del tribunal, Gervasio Labriola, respecto de las condiciones del traslado de Varisco a la sala de audiencias.

Fuente: Entre Ríos Ahora