Desde el pasado viernes siguen las repercusiones por el inusitado despliegue de la Policía Federal, que llegó a concretar una docena de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad y del departamento.

Hasta el momento, las precisiones conocidas eran que se habían desarrollado allanamientos en domicilios que -en su mayoría- pertenecerían a integrantes de una familia de apellido Espil, responsables -entre otros negocios- del drugstore donde se llevó a cabo uno de los allanamientos que se extendió por varias horas.

Todo esto se logró tras la instrumentación de una serie de órdenes que llegaron desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, Secretaría N°4, a cargo de los Dres. Sebastián Ramos y Carlos D’Elia, respectivamente.

Otro allanamiento

Como novedad, uno de los lugares allanados, sobre el que hasta hoy se desconocía, está ubicado en las inmediaciones de calles Paula de Albarracín y JJ Valle.

Fue en este lugar donde la Policía Federal incautó una cantidad importante de encomiendas, las cuales habrían sido adquiridas a través de un conocido sitio en internet que facilita este tipo de operaciones de compra y venta.

De acuerdo a una fuente cercana a la causa, fue justamente esta concida firma la que hizo una presentación en la Justicia Federal pidiendo que se investigue una serie de estafas que se realizaban con internet como herramienta.

Siempre de acuerdo a esta voz autorizada, los allanamientos en Concordia son una ramificación de una causa que habría tenido intervenciones similares en otros puntos de la República Argentina. Todos ordenados por el mismo Juzgado a cargo de Sebastián
Ramos.

Liberados, dinero y motos caras

En este marco, se supo que tras la concreción de una docena de allanamientos, fueron 9 las personas mayores de edad que estuvieron detenidas por algunas horas, hasta que el mismo Juzgado ordenó que fueran puestos en libertad, aunque quedaron todos supeditados a la marcha de la causa, donde se investiga una “supuesta infracción al Art 303 el Código Procesal Penal”.

Dicho artículo, es el que reprime a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal”. Delito por el cual, en caso de ser encontrada culpable, se puede recibir una condena “con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación”.

Otro de los datos que pudo agregar este medio es que, en la flota de vehículos donde abundan autos, camionetas y una suntuosa lancha, hay que agregar al menos cuatro cuatriciclos, dos motos de mediana cilindrada y otras dos motos importadas marca Harley Davidson, las cuales tienen un cuantioso valor de mercado. Una de estas máquinas de origen norteamericano fue incautada en uno de los dos allanamientos realizados en la localidad de Puerto Yeruá.
Por otro lado, también trascendió extraoficialmente que el dinero en efectivo que se habría logrado incautar en los distintos domicilios rondaría los 2 millones de pesos argentinos y unos -aproximadamente 200.000 dólares estadounidenses. Aunque en comparación con otros elementos secuestrados, el dinero no es de lo más valioso entre los resultados de los procedimientos.

DRU