“Nada consta en documentos oficiales”: 19 legisladores piden informes a Cancillería sobre la renuncia de Urribarri

Un mes y medio después de ser condenado y haber renunciado a su cargo diplomático en consecuencia, el exgobernador Sergio Urribarri aún permanecería en la Embajada Argentina en Israel -con sede en Tel Aviv-, “arreglando todo” antes de regresar al país.

El exembajador Uribarri aún permanece en Europa.

“Pasaron más de 45 días desde que se informó la renuncia del embajador Urribarri”, puso en contexto el diputado nacional Fernando Iglesias, antes de formalizar un planteo sobre la situación del exfuncionario: “Ya debería estar de regreso en el país, pero nada de esto consta en documentos oficiales”.

Acompañado por 18 de sus pares de “Juntos por el Cambio”, el legislador elaboró un pedido de informes dirigido al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el canciller Santiago Cafiero, buscando que “explique en qué situación se encuentra el embajador argentino en Israel”.

En primer lugar, pretende se aclare “si el embajador Urribarri sigue actualmente desempeñando funciones en la Embajada Argentina en Israel”.

Otro de los puntos está centrado en las formalidades de su renuncia al cargo: “Si le fue aceptada la renuncia, y en ese caso, el número de decreto donde se deja constancia de dicha renuncia y el día en que el embajador Urribarri deberá regresar a la Argentina”.

Quienes acompañan a Iglesias con sus firmas en este pedido de informes, son los entrerrianos Rogelio Frigerio y Gustavo Hein, como también Waldo Wolff, Tito Stefani, Francisco Sánchez, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, José Núñez Jurado, Marcela Campagnoli, Alejandro Finocchiaro, Marilú Quiroz, Soher El Sukaria, María Luján Rey, Alberto Asseff, Sofía Brambilla, Adriana Ruarte y Ana Clara Romero.

El 7 de abril pasado, en el marco de un megajuicio que acumuló varias causas de corrupción, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fuente: El Entre Ríos
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